MULTAS FUERA

TUS MULTAS, NUESTRAS MULTAS.

EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES DE TRÁFICO

Las sanciones se podrán ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días naturales desde la notificación de la denuncia -si no se hubieran presentado alegaciones ni se hubiera pagado la sanción- o desde la firmeza de la resolución sancionadora, en otro caso, bien por no haberse recurrido ésta o por ser el recurso desestimado por resolución expresa -dentro del plazo de un mes que tiene la Administración para resolverlo- o por silencio -transcurrido un mes sin haber sido resuelto-, teniendo en cuenta que la interposición del recurso de reposición no suspende la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada si transcurre un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto el recurso, pudiendo la Administración ejecutar la sanción. En todos estos escenarios, la sanción es firme en vía administrativa.

Una vez que la sanción ha adquirido firmeza, el interesado dispone de un plazo final de 15 días naturales para el pago de la multa. Si transcurre dicho plazo sin que haya pagado la multa, la Administración iniciará el procedimiento de apremio.

El art. 21 del RPSTr dispone que: «cuando las sanciones hayan sido impuestas por la Administración General del Estado, los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recaudación y demás normas de aplicación. En los demás casos, serán los establecido en la legislación aplicable por las autoridades que las hayan impuesto». Mientras que, el TRLTSV recoge en su art. 110.2 que «Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en la normativa tributaria que le se de aplicación, según las autoridades que las hayan impuesto».

El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, establece que las providencias de apremio constituyen el inicio de la actuación ejecutiva contra el patrimonio del obligado.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria regula los plazos para el pago una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio en su artículo 62.5:

·         Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

·         Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La providencia de apremio puede ser impugnada, pero los motivos de oposición están limitados a los regulados en el artículo 167.3 de la Ley General Tributaria.


Téngase en cuenta que en caso de que el conductor responsable no satisfaga la multa responderán subsidiariamente de su pago los titulares de los vehículos con los que se hubiera cometido la infracción (artículo 111 del TRLTSV), salvo en caso de robo, hurto o cualquier otro uso del vehiculo en contra de su voluntad, cuando el titular de éste sea una empresa de alquiler sin conductor, cuando en el momento de cometerse la infracción el vehículo tenga designado un arrendatario a largo plazo -en cuyo caso el responsable será el citado arrendatario- y cuando en el momento de cometerse la infracción, el vehículo tenga designado un conductor habitual, en cuyo caso la responsabilidad recaerá sobre este.

Todo ello sin perjuicio del derecho que ampara al responsable que haya satisfecho la multa de reclamar su reembolso al infractor por la totalidad de lo que haya satisfecho.

Esta derivación de responsabilidad, no obstante, debe ser notificada al responsable subsidiario y habrá de contener el texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, la especificación del presupuesto de hecho habilitante, las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, los posibles medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, el órgano ante el que deben de presentarse y el plazo para su interposición, así como el lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho el importe exigido (artículo 174.4 de la Ley General Tributaria).