MULTAS FUERA

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¿CUÁNDO PUEDE ANULARSE UNA MULTA 

POR NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA?

La trascendencia de la notificación defectuosa de la denuncia o la resolución sancionadora puede ser determinante, pues es posible que, habiéndose cometido el ilícito administrativo, éste quede exento de sanción por un defecto de forma en la notificación. El ejemplo paradigmático es el siguiente:

            a) El sancionado recurre ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa la resolución dictada en el seno del procedimiento sancionador, alegando que éste ha caducado como consecuencia de un defecto de notificación.

            b) De estimarse la pretensión del interesado, la resolución sancionadora será revocada y dejada sin efecto por el órgano jurisdiccional.

            c) Cuando la Administración pretenda volver a iniciar un nuevo procedimiento sancionador por el mismo hecho infractor que había sido previamente castigado, ocurre frecuentemente que ha transcurrido el plazo de prescripción de la infracción y, por tanto, el hecho que impune.

En los casos en los que la denuncia se intenta notificar en el domicilio del interesado y se hace cargo de la misma otra persona debe comprobarse que es mayor de catorce años (en ocasiones los carteros pasan por alto la fecha de nacimiento expresada en el documento nacional de identidad y dan por hecho que la persona tiene más de catorce años) y que, en caso de no hallarse a nadie en el domicilio, se han efectuado dos intentos en horas distintas -si el primer intento de notificación se realiza antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas, y viceversa- y el segundo de ellos dentro de los tres días siguientes al primer intento.

Con respecto a la cuestión de volver al domicilio en los tres días siguientes y en hora distinta, en caso de que no haya nadie en el domicilio, es conveniente señalar la STS 10 de noviembre de 2004, en la cual ya se consideraba que aunque una primera notificación se hiciera a las 10.30 de la mañana y la otra, a los tres días siguientes, a la 9.30 de la mañana, no era admisible la validez de los horarios empleados, ya que pertenecen a la misma franja horaria. Así, destacamos la importancia de la hora del segundo intento para conseguir realizar la notificación, en caso de fracaso de la primera notificación que se realizó.

 

También es importante el mes en el que se notifica la denuncia o el acto administrativo, y sobre todo si se trata de los meses habituales de vacaciones estivales, y más en concreto agosto. Sobre ello, merece ser destacada la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2015, recurso 3529/2014 (Roj: STS 2146/2015 - ECLI:ES:TS:2015:2146). En esta sentencia el TS -que aunque viene referida a materia tributaria consideramos que son aplicables sus argumentos también a esta materia- consideró adecuada la interpretación que realizó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sentencia de 29 de mayo de 2014, recurso 638/2011, y entendió que unos intentos de notificación realizados los días 6 y 7 de agosto no eran suficientes para acudir a la notificación edictal.

“En el presente caso y dado que las notificaciones del acuerdo de imposición de sanción tuvieron lugar los días 6 y 7 de agosto de 2009, entendemos que falta la creencia racional de poder localizarle en tales fechas de "vacaciones estivales" siendo que el domicilio del recurrente resultaba conocido por lo que la Sala entiende que el segundo intento de notificación durante el mes de agosto cuando el primer intento resultó infructuosos por encontrarse ausente es cumplir una mera formalidad que le ha privado al administrado de su constitucional derecho de defensa.”

 

Por otro lado, hay numerosas sentencias que señalan que, dado que la notificación por edictos -en nuestro caso, a través del BOE y facultativamente TESTRA- tiene carácter subsidiario y residual, la Administración, ante los intentos de notificación infructuosos en el domicilio del interesado, y previamente a acudir a la notificación por edictos, debe tratar de notificar al interesado en otro domicilio idóneo que pueda constar en el expediente o pueda averiguar acudiendo a oficinas o registros públicos de fácil acceso para aquélla, y ello aun cuando el interesado no hubiera comunicado un domicilio o el cambio del que hubiera designado inicialmente (Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 22 de noviembre de 2012, nº recurso 2125/2011; Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª de 16/12/2015 (Roj: STS 5385/2015 - ECLI:ES:TS:2015:5385 Id Cendoj: 28079130022015100574); entre otras).

Especialmente relevante es la Sentencia nº 271/2017, de 18 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. Procedimiento Abreviado nº 327/2017:

La adecuada tutela del derecho de defensa en este tipo de expedientes determina que deba pesar más en el juicio de ponderación entre las diligencias exigibles al denunciado y a la Administración la exigible a esta última, teniendo en cuenta la sencillez de la comprobación de un domicilio alternativo y que la notificación edictal no deja de ser una ficción legal, que no garantiza una adecuada posibilidad de conocimiento y defensa de la existencia del expediente, por lo que su validez queda circunscrita a los casos en que la Administración agota la diligencia exigible y acude a otros domicilios que constan en sus propios archivos o registros, de fácil acceso.

La nulidad de la notificación de la resolución sancionadora determina la nulidad de la providencia de apremio, y la necesaria estimación de la pretensión deducida en la demanda.

 

El propio Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 219/2007, de 8 de octubre, en un asunto precisamente en materia de derecho sancionador de tráfico, en el que el resultado de la notificación de la denuncia fue “domicilio desconocido” y la Administración acudió directamente a la publicación edictal de la notificación de la denuncia, consideró que la Administración había faltado a su diligencia al no haber adoptado “las medidas necesarias encaminadas a agotar las posibilidades existentes a su alcance para conocer el verdadero domicilio del recurrente”, por lo que concluyó que con ello se “transgredió constitucionalmente el derecho a la defensa, incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE”, declarando la nulidad de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que había confirmado la sanción impuesta.

 

En el mismo sentido, la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra, Sección 1, de 19/04/2021 (Roj: SJCA 3717/2021 - ECLI:ES:JCA:2021:3717 Id Cendoj: 36038450012021100039) :

En definitiva, se concluye que ante el resultado infructuoso de la notificación del requerimiento de identificación, por defecto imputable a la Administración (consignación de datos insuficientes), debió haber realizado una mínima labor de investigación. En lugar de eso procedió directamente a la publicación por edictos, sin que lógicamente el aquí demandante tuviese conocimiento del requerimiento en cuestión. Esa labor de investigación se podía haber realizado con éxito de manera sencilla, como así hizo la propia Administración poco después de iniciar el segundo expediente sancionador, en el que consiguió notificar sin problema la resolución de incoación al interesado a su domicilio actual.

Asimismo, la Sentencia del TSJ Madrid, Sección 1ª, de 14 de Septiembre de 2.015 (recurso nº 1427/14), citada por la Sentencia TSJ Madrid, Sección 5ª, de 30 de Enero de 2017 (recurso nº 581/2015):

Pues bien, el presente caso enjuiciado, a la vista de los datos fácticos arriba expuestos, es similar al contemplado por la indicada sentencia del Tribunal Constitucional. En efecto, tampoco la Administración llevó a cabo investigación alguna sobre el domicilio del recurrente cuando supo que el primer intento y único de notificación se frustró por ser desconocida aquella en el domicilio que figuraba en la Dirección General de Tráfico. Se ha de insistir en que la Administración Tributaria sí le notificó en su domicilio sus resoluciones en la villa de Madrid. Al ser la Dirección Provincial de Tráfico Administración Pública, podía haber sido más diligente en la averiguación del domicilio del recurrente simplemente con un cruce de datos con esos otros órganos de la Administración.

Por todo lo cual, esta notificación automática en edictos, sin la previa y necesaria diligencia de averiguación del domicilio, vulnera el ordenamiento jurídico en los términos establecidos por la citada Jurisprudencia Constitucional.

 

Lo que no es aconsejable nunca es que el interesado rechace y no se quiera hacer cargo de la notificación, pues su consecuencia es que se tiene por efectuado el trámite y se continúe con el procedimiento, pero perdiendo la oportunidad de conocer su contenido y, por tanto, de poder actuar frente a la denuncia, acto o resolución que se le intenta notificar.

 

Otro tema relacionado con el anterior es el domicilio en el que se ha de notificar la denuncia, acto o resolución. Salvo que el interesado haya aceptado voluntariamente ser notificado en su Dirección Electrónica Vial (DEV) o esté obligado a ello -p. ej., si se trata de una persona jurídica-, deberá recibir la notificación en el domicilio que expresamente hubiese indicado para el procedimiento -p. ej., el facilitado al agente denunciante- o, en otro caso, en el domicilio que figure en los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, que por lo general va a coincidir con el domicilio que aparezca en el permiso de circulación del vehículo, salvo que se haya comunicado otro domicilio distinto a Tráfico a efectos de notificaciones.

Nos vamos a detener en este último caso, cuando se notifica una denuncia en momento posterior. Si en este caso, la notificación se intenta en un domicilio del interesado diferente al que figura en los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, la notificación es nula de pleno derecho y, con ella, los trámites posteriores (publicación en el BOE, resolución sancionadora, providencia de apremio, etc.). En este sentido, se debe comprobar siempre que existan sospechas o dudas al respecto que el domicilio que aparece en los intentos de notificación es el que tiene el interesado comunicado en Tráfico a estos efectos. Dicha averiguación puede hacerla el interesado directamente en la página web de la DGT -con su certificado de firma digital o sistema Clave-, a través de la aplicación miDGT y en la sede electrónica de la DGT, además de poder hacerlo presencialmente en su Jefatura de Tráfico previa cita telefónica.

De ahí la importancia de que, en los casos de cambio de domicilio, se comunique a Tráfico la nueva dirección -en un plazo legal de quince días- para sortear inconvenientes y sustos fácilmente evitables. Este trámite, además, puede hacerse fácilmente por internet, teléfono o a través de la aplicación de la DGT, sin perjuicio de poderse realizar también de manera presencial en la Jefatura u Oficina Provincial de Tráfico correspondiente. Esto es algo que no me canso de aconsejar a mis clientes.

Citaremos como jurisprudencia más reseñable la siguiente:


Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco n.º 41/2019, de 19 de febrero, ECLI:ES:TSJPV:2019:520:

«(…) debe tenerse por fundada la existencia de un error en la determinación del domicilio del titular del vehículo de motor, —moto Vespa 200 con placa D—....—IV—, pues no es ya solo que el permiso de circulación aportado en copia refleje el domicilio que el recurrente proclama como sito en la misma calle y planta NUM002, pero letra NUM004, sino que la información de la Dirección General de Tráfico que aporta la Administración demandada como documento n.º 1, —folio 38 de los autos—, corrobora plenamente que a partir de 3 de Mayo de 2.005 y hasta la actualidad, ese domicilio del titular es el de la “ CALLE000 NUM— NUM001 PL NUM002. PT— NUM004 “, a la vez que se deduce con total claridad del documento que la dirección acabada en letra NUM003, solo lo fue hasta 2005, lo que, pese a la insistencia de la Administración en intentarla hacer valer, carece de toda eficacia a la hora de notificar un expediente sancionador que se incoaba ya en el año 2.014. De este modo, concurriendo el motivo de decaimiento del apremio por la causa legal arriba expresada, el recurso debe ser acogido quedando sin efecto el apremio con el alcance, si procede, de la necesaria reposición de las actuaciones y trámites omitidos o erróneos que de ello se derivan a fin de restablecer en el derecho al procedimiento del titular expedientado».

 

Todo lo anteriormente expuesto sirve para cualquier notificación administrativa, ya estemos ante una denuncia, una propuesta de resolución o una resolución sancionadora

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