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RECURSOS

RECURSOS contra las resoluciones sancionadoras en materia de tráfico.


Frente a las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse en vía administrativa el recurso de reposición o el recurso de revisión.

El artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge el contenido que deben incluir los recursos administrativos en general:

·      El nombre y apellidos del recurrente, así como su identificación personal.

·      El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

·      El lugar, fecha y firma del recurrente.

·      Identificación del medio y, en su caso, lugar que se señale para las notificaciones.

·      Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.

·      Si las hubiera, las demás particularidades exigidas por las disposiciones específicas.

Las causas de inadmisión de los recursos administrativos vienen reguladas en el artículo 116 de la LPAC

RECURSO DE REPOSICIÓN.


El recurso de reposición tiene carácter potestativo -se puede presentar o no por el interesado- y puede ser interpuesto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución sancionadora. El recurso se presenta ante el mismo órgano que dictó la resolución sancionadora, que deberá resolverlo en el plazo de un mes, considerándose desestimado si no se resuelve en ese tiempo y quedando expedita al interesado la vía judicial o contencioso-administrativa.


RECURSO DE REVISIÓN.

Por su parte, el recurso de revisión es un recurso extraordinario que se puede presentar ante el órgano administrativo que dictó la resolución discutida y que únicamente se puede fundamentar en cuatro motivos tasados:

•   Que al dictarse la resolución se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

•   Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error en la resolución recurrida, aunque sean posteriores.

•   Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos en una sentencia judicial firme, ya sea esta anterior o posterior a la resolución.

•   Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y así se haya declarado en sentencia judicial firme.

El plazo para presentarlo será de 4 años a partir de la fecha de la notificación de la resolución impugnada -cuando se interponga por considerar que la resolución incurre en error de hecho de los documentos incorporados al propio expediente- y de 3 meses en el resto de supuestos, que se contarán desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. El recurso se entenderá desestimado si transcurridos tres meses desde la interposición del recurso no se hubiere dictado y notificado la resolución, abriéndose la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.